UNA
LEY QUE SEGREGA LA EDUCACIÓN
Nuño
Jiménez, miembro de Izquierda Socialista-PSOE/Castellón
La
ley estrella del PP, ha devenido en soledad parlamentaria, pero también el
Consejo de Estado le ha dado la espalda a la eliminación de la asignatura de
educación para la ciudadanía, como así recomienda el Consejo de Europa, al
igual
de la incorporación de una 3ª hora de Educación Física a la que esta ley
hace
caso omiso, incluso va más allá al eliminar de facto la Educación Física de
los
planes de 2º de bachillerato.
Esta
ley, sancionada dos días antes de la celebración de la fiesta nacional, es
quizá, la ley más antipatriota que haya podido existir, por no apoyarla
ningún
partido más que el que gobierna, por ir contra el ámbito competencial del
Estado
de las autonomías, no dejándolas proponer contenidos ni continuar con la
inmersión en su lengua autóctona, por ir contra el espíritu democrático, en
especial respecto a las direcciones de los centros, y por ir contra los
tiempos
que corren, en un momento en que los seminarios se vacían por una laicidad
que
consagra la constitución, mientras la nueva ley incorpora la religión como
asignatura equiparada a matemáticas para la media final que da acceso a la
carrera escogida o a una beca, con un marcado sesgo ideológico propio de
tiempos
pretéritos, mezclando lo moral con lo estrictamente académico.
La segregación que instaura esta ley
es
multilateral, al discriminar por sexo y religión en los centros que así lo
establezcan al
poder ser subvencionados por el Estado, algo que no consagra ni la
constitución,
ni las sentencias judiciales. Segregación, así mismo, al no ofrecer igualdad
de
oportunidades con unas reválidas que clasifican en 3 ocasiones a lo largo de
la
educación obligatoria, no detectando errores más que para hacer abandonar de
los
estudios a quienes se desvíen o no tengan oportunidades alternativas para
costearse los estudios, especialmente en 3º de ESO, sin posibilidad de
obtener
el Graduado de ESO. Con ello, se desvía prematuramente a gran parte del
alumnado
a una FP que se la denigra e infravalora sin los recursos que tanto
necesita.
Hoy día, finalizando 4º de ESO, gran parte no obtiene plaza en FP y al menos
ahora disponían de la oportunidad de seguir formándose en centros de
secundaria,
algo que no ocurrirá a partir de ahora en esa edad crítica que son los 16
años,
lo que les empuja forzosamente a un mercado laboral esclerotizado y
desregulado
salvajemente por la última Reforma Laboral.
La segregación es también económica,
se
traduce en una reducción de 3.000 a 2.000 millones destinados a educación
anualmente desde la llegada de Wert, con una financiación para la nueva ley
de
1.300 millones que pretende sustituir a otra dotada con más de 5.300
millones,
estando muerta antes de nacer. Si a ello se le añade que CCAA como
Andalucía,
Cataluña, País Vasco o Canarias retardarán o recurrirán su aplicación en lo
posible, y que la mayoría de la oposición se compromete a derogarla a la
menor
oportunidad, tira por tierra cualquier atisbo de un sistema educativo
estable y
duradero en décadas, como cualquiera que se precie en democracia.
Se recordará a esta ley de educación,
como aquella que no potenció las enseñanzas del futuro, como las ciencias de
la
información, ni hizo pensar al eliminar la filosofía y la historia, o
desecha
las enseñanzas artísticas. La que no incorporó la necesaria educación del
consumidor y financiera, dotando de formación en derechos frente a los
fraudes
comerciales y financieros, en un país en donde estos proliferan. O la que
obvia
una verdadera educación del ocio orientada a crear hábitos de vida
saludable,
que suponga un ahorro sanitario y una mejora del bienestar social, lo que
redunda en mayor productividad pero también uso saludable del tiempo libre
frente al abismal desempleo rampante.
Por último, el aumento en becas
anunciado
por Wert, choca frontalmente con las restricciones que él mismo establece
para
su acceso, lo que provoca realmente que o bien unos pocos reciban mayor
cantidad
en detrimento de la mayoría o que se enjuague, en realidad, con el aumento
de
las tasas, por lo que no supondrá más que una puerta giratoria que retorna
esos
recursos al propio estado y no permite una verdadera igualdad de
oportunidades
para todos y todas, como se consagra en esta ley fallida de partida en cada
punto y cada coma.
Castellón,
19 octubre 2013
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