CONFERENCIA POLÍTICA
PSOE
Noviembre de
2013
HACIA UN ESTADO
FEDERAL
POSICIONES DE
IZQUIERDA
SOCIALISTA
MODELO TERRITORIAL Y ESTADO FEDERAL
Estamos de lleno en un proceso
de
cambio de ciclo económico, con gran influencia en la política y en lo
social.
Todos hablamos de una profunda crisis con una serie de problemas que están
desbordando todos los ámbitos. El modelo de territorio es uno de ellos, y de
forma recurrente apelamos a la Constitución de 1978, pero la solución de los
problemas supera el marco y los cauces constitucionales.
Las reformas necesarias se
podían
aplicar al modelo territorial del Estado de las Autonomías actual, o ir más
allá, en una dirección Federal. En ambos casos, se hacen algunas reflexiones
y
propuestas. No obstante parece lógico, que si se abre un proceso de reformas
constitucionales, este debería ser lo más profundo posible, y estar
orientado,
al igual que la futura Unión Europea, hacia el modelo Federal.
EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS ACTUAL
Se deberán controlar los
gastos
generados por los gobiernos de las Comunidades Autónomas tanto de los cargos
elegidos como de los cargos de confianza.
Es preciso redoblar esfuerzos
para
defender el Estado Español de las Comunidades Autónomas de los ataques de
los
sectores más conservadores de la derecha política y económica, que están
aprovechando la crisis actual para proponer abiertamente la involución al
Estado
anterior, fuertemente centralizado y centralizador. Los despilfarros
puntuales,
el exceso de concesiones a algunas Autonomías, los casos de corrupción o la
insuficiencia presupuestaria actual, propiciada principalmente por la
drástica
disminución de los ingresos más que por mala gestión de los recursos, no
pueden
silenciar la enorme tarea modernizadora y de mejora de la calidad de vida
del
ciudadano que los gobiernos autónomos han realizado en sus territorios ni el
gran valor añadido de la proximidad de la Administración al ciudadano.
Proponemos una revisión a
fondo
del funcionamiento del Estado de las Autonomías con un debate general basado
en
el estudio de los desajustes, algunos graves, que se han ido detectando en
las
tres últimas décadas, y en la necesidad de establecer normas de obligado
cumplimiento en todo el Estado que garanticen la subsanación de los agravios
e
injusticias detectados, tanto entre ciudadanos y territorios como entre
Administraciones del mismo Estado.
También es preciso incluir en
nuestras propuestas la reforma del Senado. No puede mantenerse en su estatus
actual. Proceder a la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara
Territorial con competencias específicas en ese ámbito. Las elecciones se
celebrarán a la vez que para los Parlamentos autónomos. Todos los senadores
serán de elección directa por los ciudadanos.
EL ESTADO FEDERAL Y LA REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN
La reforma del modelo
territorial
en una dirección Federal deberá hacerse desde la aplicación de los
principios de
lealtad federal e igualdad, y sin perder de vista que la Unión Europea
posiblemente caminará en un futuro hacia una Unión de Estados Federales.
En la Constitución de 1978 se
sentaron las bases del Estado de las Autonomías, sin que en el texto
constitucional se definiese el número de las Autonomías, ni el reparto de
competencias entre ellas y el poder central, ni cuál sería su sistema de
financiación. Este modelo por estas claras indefiniciones carecía en origen
de
la estabilidad necesaria, ha sido poco riguroso, y no resolvió la cuestión
nacionalista de algunas Comunidades Autónomas. Para el comenzar el proceso
hacia
el modelo de Estado Federal, hay que partir de varios aspectos básicos, que
suponen reformas de la Constitución de 1978.
Los propósitos del Estado
Federal
se pueden resumir en: (a) Conseguir un funcionamiento más eficaz y eficiente
del
Estado. (b) Mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía.
(c)
Fortalecer la integración política de los Estados federados.
El primer paso es el acuerdo
previo entre los grandes partidos que aseguren las mayorías establecidas en
el
artículo 167, de la Constitución actual, para proceder a su reforma hacia
una
nueva Constitución Federal, para la que el segundo paso es la disolución de
las
Cortes Generales y convocar Cortes Constituyentes, pudiendo aprovechar para
este
propósito unas Elecciones Generales, al acabar su mandato.
Otro paso sería el suprimir el
principio dispositivo que es lo único que distingue a España del resto de
los
países con constituciones federales. La Constitución de 1978 estableció el
llamado principio dispositivo de acceso a la autonomía política, por medio
del
cual las entidades o instituciones territoriales constitucionalmente
legitimadas
podían iniciar alguno de los dos procedimientos establecidos para
constituirse
en Comunidad Autónoma. Por esta razón, la Constitución no predeterminó ni el
número de Comunidades Autónomas que se podían constituir, ni las
competencias
que a cada una le debían corresponder.
Otros pasos:
a) Definición de las entidades
federativas que deberían configurar la Federación.
b) Definir las competencias
del
Estado o poder central y las de los Estados miembros. En este punto, es
preciso
considerar las competencias cedidas a la Unión Europea, y otras que sean
objeto
de cesión futura. Hay competencias claras del poder central de la
Federación,
tales como las que garanticen la unidad política del Estado, su unidad
económica
y la cohesión social en todos los territorios de la Federación.
c) Una vez definidas las
competencias, se deberían definir los órganos de relación y cooperación
entre
los Estados miembros y la Federación. En este sentido el Senado se
convertiría
en un Senado Federal, en el que se desarrollarían las relaciones
cooperativas.
Así mismo se regularían unas Conferencias Sectoriales de Ministros y
Conferencias de Presidentes, como instrumentos de cooperación.
d) Acuerdo sobre el sistema de
financiación, basado en: la igualdad, la solidaridad, la capacidad para
gestionar las competencias de los Estados miembros, la responsabilidad
fiscal,
la transparencia y la estabilidad presupuestaria.
No se deben ignorar los
problemas
de integración territorial de Cataluña y del País Vasco, donde las mayorías
nacionalistas de su ámbito autonómico actual no apuntan, precisamente, en
una
dirección federal, y están planteando su derecho a decidir de forma
unilateral,
sobre la autodeterminación y posible secesión, en un ámbito legal no
reconocido,
ya que la Constitución de 1978, no contempla tal derecho.
El planteamiento nacionalista
del
llamado derecho a decidir, es claramente una reivindicación de naturaleza
política, que habrá que abordar políticamente, manteniendo la legalidad y el
principio básico de la unidad e integridad territorial. Para aplicar la
política, hay dos vías: una es la confrontación y la otra el diálogo. La
primera
conduce al conflicto y la segunda a la posible solución del mismo.
Se suele decir que en tiempos
de
crisis no hagas mudanzas, pero conviene recordar que las Constituciones
Federales de casi todos los países que las han adoptado, han nacido como
consecuencia de grandes crisis, y fueron la solución que integró las
entidades
federativas y dio estabilidad a la Federación.
Una Constitución no puede ser
inflexible como el granito y tampoco puede tener la pretensión de reformar a
un
pueblo. Queremos que la frontera interior de España no termine por
resquebrajarse y, por tanto, tenemos que partir de un hecho insoslayable: la
Constitución de 1978 tiene que reformarse desde una perspectiva federal.
Es quimérico pensar que el
futuro
de España no requiere una profunda transformación del Estado de las
Autonomías.
España es un Estado-nación plural, esto es, un estado integrado por
distintas
naciones culturales que requieren un inequívoco reconocimiento de sus hechos
diferenciales. Cataluña, el País Vasco y Galicia son naciones y, por ello,
tienen derecho a la diferencia, pero este derecho no puede ni debe
significar
diferencias de derechos.
Los hechos diferenciales de
orden
cultural, lingüístico, etc. jamás pueden justificar privilegios de derechos
cívicos, sociales o económicos. El hecho de que Cataluña, País Vasco y
Galicia
sean naciones culturales no implica, como pretenden los nacionalistas, que
tengan que constituirse en naciones políticas, es decir, en Estados
independientes. España es una nación de naciones y asumir esta realidad
histórica supone aceptar que el Estado español es plurinacional.
Dada la diversidad de naciones
que
componen España, el federalismo que proponemos es “plurinacional” y
“cooperativo”, capaz de articular la diversidad del Estado desde el máximo
reconocimiento de las legítimas diferencias de sus territorios, a la vez que
garantizando la igualdad de derechos de las ciudadanas y ciudadanos. El
modelo
de federalismo “uninacional”, como son los casos de EE.UU. y de Alemania, no
puede encajar en la realidad nacional española. Únicamente reconociendo los
distintos demos que integran España podremos librarnos del atolladero
nacionalista. Y también únicamente respetando el principio de equidad y
solidaridad interterritorial e intraterritorial daremos respuesta a la
encrucijada que plantean los nacionalismos. Por todo ello pensamos que el
modelo
que mejor se adapta a la realidad nacional española es el Federalismo
Plurinacional y Cooperativo.
Tras el proceso de
recentralización que está realizando actualmente el gobierno conservador que
nos
está devolviendo poco a poco al modelo centralista de la etapa franquista,
hay
que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede
aunar la
diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la
solidaridad.
Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo
para
aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la
solidaridad
interterritorial.
ARTICULACIÓN DEL ESTADO FEDERAL
En
la España federal a la que aspiramos el modelo territorial se articulará en
tres
niveles de gobierno. A saber:
Ø nivel estatal: formado por el Gobierno de España y
todas las entidades e instituciones que abarcan el conjunto del Estado. La
Administración Periférica del estado debe ir desapareciendo paulatinamente y
con
plazos preestablecidos, dejando como única institución estatal con
representación nacional/regional a la Delegación del Gobierno.
Ø nivel autonómico: integrado por los Estados
Federales.
Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una España Federal
que
reconozca y respete la realidad plurinacional y pluriregional de
España.
Ø nivel local: formado por los municipios y todas
las
entidades e instituciones de articulación de los municipios. La futura
reforma
de la Ley de Bases de Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la
autonomía municipal.
La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad
democrática debe asentarse en los principios de simplicidad, sencillez,
claridad, economía, eficiencia y compromiso. Defendemos un federalismo
cooperativo y pluralista totalmente consonante con los principios y valores
democráticos, capaz de dar cabida al reconocimiento de las diversas
realidades
nacionales, a la vez que asegura la cohesión del Estado y la solidaridad
interterritorial para garantizar la igualdad de derechos de todos los
ciudadanos
de España.
Un Estado federal de este tipo permite mantener su unidad sin
necesidad
de imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto
a
la diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas. Esta España federal
conformará una buena inserción del Estado y de sus Estados Federales en la
Unión
Europea, a la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos para
profundizar
en el municipalismo.
PROPUESTAS:
•
Todas las
entidades e instituciones públicas han de sustentarse en cuatro principios
democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa: pudiendo adoptar la
forma y
el tamaño que mejor se ajuste al cumplimiento de sus fines; (2)
transparencia
informativa: publicación periódica de toda la información producida
(balances,
evaluaciones, salarios…); (3) democracia institucional: con la apertura de
espacios para la participación de los actores relevantes del sector o área
en el
que esté incardinados; y (4) control permanente: con la acción decidida de
los
organismos contables y de evaluación para que puedan realizar controles de
gestión o evaluaciones.
•
La
consolidación del modelo federal reclama la reforma inmediata del Senado
para
ser la cámara parlamentaria de representación territorial. Para ello en las
elecciones generales habría una única circunscripción electoral en la
representación al Congreso de los Diputados, mientras que al Senado la
circunscripción serían los Estados Federales.
•
Supresión
de
las Diputaciones provinciales mediante transferencia de sus competencias,
recursos económicos y recursos humanos hacia los Estados Federales, los
Ayuntamientos y las entidades intermunicipales donde las hubiere.
•
Incentivar la
disminución del número de Ayuntamientos, mediante la agregación o
concentración
de varios, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de
proporcionar a
los ciudadanos, servicios básicos de calidad, sin que ello merme la
representación y pluralismo político esencial de los municipios.
•
Desarrollo de
la autonomía municipal y mejora de su capacidad financiera. Incentivar en el ámbito municipal,
los
procesos de cooperación, agregación o concentración de diversos
ayuntamientos o
comunidades locales, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de
proporcionar a su ciudadanía servicios básicos de calidad, sin que por ello
se
vea mermada la representación y pluralismo político esencial de los
municipios.
•
Defensa
de la
dignidad y trabajo de los funcionarios y empleados públicos. Impulso de
medidas
para la mayor presencia y eficacia de las administraciones publicas por vía
electrónica.
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