POSICIONES DE IZQUIERDA SOCIALISTA : "HACIA UN ESTADO FEDERAL"

CONFERENCIA POLÍTICA PSOE

Noviembre de 2013

HACIA UN ESTADO FEDERAL

POSICIONES DE IZQUIERDA SOCIALISTA

MODELO TERRITORIAL Y ESTADO FEDERAL

Estamos de lleno en un proceso de cambio de ciclo económico, con gran influencia en la política y en lo social. Todos hablamos de una profunda crisis con una serie de problemas que están desbordando todos los ámbitos. El modelo de territorio es uno de ellos, y de forma recurrente apelamos a la Constitución de 1978, pero la solución de los problemas supera el marco y los cauces constitucionales.

Las reformas necesarias se podían aplicar al modelo territorial del Estado de las Autonomías actual, o ir más allá, en una dirección Federal. En ambos casos, se hacen algunas reflexiones y propuestas. No obstante parece lógico, que si se abre un proceso de reformas constitucionales, este debería ser lo más profundo posible, y estar orientado, al igual que la futura Unión Europea, hacia el modelo Federal.

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS ACTUAL

Se deberán controlar los gastos generados por los gobiernos de las Comunidades Autónomas tanto de los cargos elegidos como de los cargos de confianza.

Es preciso redoblar esfuerzos para defender el Estado Español de las Comunidades Autónomas de los ataques de los sectores más conservadores de la derecha política y económica, que están aprovechando la crisis actual para proponer abiertamente la involución al Estado anterior, fuertemente centralizado y centralizador. Los despilfarros puntuales, el exceso de concesiones a algunas Autonomías, los casos de corrupción o la insuficiencia presupuestaria actual, propiciada principalmente por la drástica disminución de los ingresos más que por mala gestión de los recursos, no pueden silenciar la enorme tarea modernizadora y de mejora de la calidad de vida del ciudadano que los gobiernos autónomos han realizado en sus territorios ni el gran valor añadido de la proximidad de la Administración al ciudadano.

Proponemos una revisión a fondo del funcionamiento del Estado de las Autonomías con un debate general basado en el estudio de los desajustes, algunos graves, que se han ido detectando en las tres últimas décadas, y en la necesidad de establecer normas de obligado cumplimiento en todo el Estado que garanticen la subsanación de los agravios e injusticias detectados, tanto entre ciudadanos y territorios como entre Administraciones del mismo Estado.

También es preciso incluir en nuestras propuestas la reforma del Senado. No puede mantenerse en su estatus actual. Proceder a la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara Territorial con competencias específicas en ese ámbito. Las elecciones se celebrarán a la vez que para los Parlamentos autónomos. Todos los senadores serán de elección directa por los ciudadanos.

EL ESTADO FEDERAL  Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La reforma del modelo territorial en una dirección Federal deberá hacerse desde la aplicación de los principios de lealtad federal e igualdad, y sin perder de vista que la Unión Europea posiblemente caminará en un futuro hacia una Unión de Estados Federales.

En la Constitución de 1978 se sentaron las bases del Estado de las Autonomías, sin que en el texto constitucional se definiese el número de las Autonomías, ni el reparto de competencias entre ellas y el poder central, ni cuál sería su sistema de financiación. Este modelo por estas claras indefiniciones carecía en origen de la estabilidad necesaria, ha sido poco riguroso, y no resolvió la cuestión nacionalista de algunas Comunidades Autónomas. Para el comenzar el proceso hacia el modelo de Estado Federal, hay que partir de varios aspectos básicos, que suponen reformas de la Constitución de 1978.

Los propósitos del Estado Federal se pueden resumir en: (a) Conseguir un funcionamiento más eficaz y eficiente del Estado. (b) Mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía. (c) Fortalecer la integración política de los Estados federados.

El primer paso es el acuerdo previo entre los grandes partidos que aseguren las mayorías establecidas en el artículo 167, de la Constitución actual, para proceder a su reforma hacia una nueva Constitución Federal, para la que el segundo paso es la disolución de las Cortes Generales y convocar Cortes Constituyentes, pudiendo aprovechar para este propósito unas Elecciones Generales, al acabar su mandato.

Otro paso sería el suprimir el principio dispositivo que es lo único que distingue a España del resto de los países con constituciones federales. La Constitución de 1978 estableció el llamado principio dispositivo de acceso a la autonomía política, por medio del cual las entidades o instituciones territoriales constitucionalmente legitimadas podían iniciar alguno de los dos procedimientos establecidos para constituirse en Comunidad Autónoma. Por esta razón, la Constitución no predeterminó ni el número de Comunidades Autónomas que se podían constituir, ni las competencias que a cada una le debían corresponder.

Otros pasos:

a) Definición de las entidades federativas que deberían configurar la Federación.

b) Definir las competencias del Estado o poder central y las de los Estados miembros. En este punto, es preciso considerar las competencias cedidas a la Unión Europea, y otras que sean objeto de cesión futura. Hay competencias claras del poder central de la Federación, tales como las que garanticen la unidad política del Estado, su unidad económica y la cohesión social en todos los territorios de la Federación.

c) Una vez definidas las competencias, se deberían definir los órganos de relación y cooperación entre los Estados miembros y la Federación. En este sentido el Senado se convertiría en un Senado Federal, en el que se desarrollarían las relaciones cooperativas. Así mismo se regularían unas Conferencias Sectoriales de Ministros y Conferencias de Presidentes, como instrumentos de cooperación.

d) Acuerdo sobre el sistema de financiación, basado en: la igualdad, la solidaridad, la capacidad para gestionar las competencias de los Estados miembros, la responsabilidad fiscal, la transparencia y la estabilidad presupuestaria.

No se deben ignorar los problemas de integración territorial de Cataluña y del País Vasco, donde las mayorías nacionalistas de su ámbito autonómico actual no apuntan, precisamente, en una dirección federal, y están planteando su derecho a decidir de forma unilateral, sobre la autodeterminación y posible secesión, en un ámbito legal no reconocido, ya que la Constitución de 1978, no contempla tal derecho.

El planteamiento nacionalista del llamado derecho a decidir, es claramente una reivindicación de naturaleza política, que habrá que abordar políticamente, manteniendo la legalidad y el principio básico de la unidad e integridad territorial. Para aplicar la política, hay dos vías: una es la confrontación y la otra el diálogo. La primera conduce al conflicto y la segunda a la posible solución del mismo.

Se suele decir que en tiempos de crisis no hagas mudanzas, pero conviene recordar que las Constituciones Federales de casi todos los países que las han adoptado, han nacido como consecuencia de grandes crisis, y fueron la solución que integró las entidades federativas y dio estabilidad a la Federación.

Una Constitución no puede ser inflexible como el granito y tampoco puede tener la pretensión de reformar a un pueblo. Queremos que la frontera interior de España no termine por resquebrajarse y, por tanto, tenemos que partir de un hecho insoslayable: la Constitución de 1978 tiene que reformarse desde una perspectiva federal.

Es quimérico pensar que el futuro de España no requiere una profunda transformación del Estado de las Autonomías. España es un Estado-nación plural, esto es, un estado integrado por distintas naciones culturales que requieren un inequívoco reconocimiento de sus hechos diferenciales. Cataluña, el País Vasco y Galicia son naciones y, por ello, tienen derecho a la diferencia, pero este derecho no puede ni debe significar diferencias de derechos.

Los hechos diferenciales de orden cultural, lingüístico, etc. jamás pueden justificar privilegios de derechos cívicos, sociales o económicos. El hecho de que Cataluña, País Vasco y Galicia sean naciones culturales no implica, como pretenden los nacionalistas, que tengan que constituirse en naciones políticas, es decir, en Estados independientes. España es una nación de naciones y asumir esta realidad histórica supone aceptar que el Estado español es plurinacional.

Dada la diversidad de naciones que componen España, el federalismo que proponemos es “plurinacional” y “cooperativo”, capaz de articular la diversidad del Estado desde el máximo reconocimiento de las legítimas diferencias de sus territorios, a la vez que garantizando la igualdad de derechos de las ciudadanas y ciudadanos. El modelo de federalismo “uninacional”, como son los casos de EE.UU. y de Alemania, no puede encajar en la realidad nacional española. Únicamente reconociendo los distintos demos que integran España podremos librarnos del atolladero nacionalista. Y también únicamente respetando el principio de equidad y solidaridad interterritorial e intraterritorial daremos respuesta a la encrucijada que plantean los nacionalismos. Por todo ello pensamos que el modelo que mejor se adapta a la realidad nacional española es el Federalismo Plurinacional y Cooperativo.

Tras el proceso de recentralización que está realizando actualmente el gobierno conservador que nos está devolviendo poco a poco al modelo centralista de la etapa franquista, hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad.               Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad interterritorial.

ARTICULACIÓN DEL ESTADO FEDERAL

        En la España federal a la que aspiramos el modelo territorial se articulará en tres niveles de gobierno. A saber:

Ø  nivel estatal: formado por el Gobierno de España y todas las entidades e instituciones que abarcan el conjunto del Estado. La Administración Periférica del estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con plazos preestablecidos, dejando como única institución estatal con representación nacional/regional a la Delegación del Gobierno.

Ø  nivel autonómico: integrado por los Estados Federales. Este nivel debe ser reformado para facilitar su encaje en una España Federal que reconozca y respete la realidad plurinacional y pluriregional de España.

Ø  nivel local: formado por los municipios y todas las entidades e instituciones de articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

                            La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la cohesión del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de España.

              Un Estado federal de este tipo permite mantener su unidad sin necesidad de imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto a la diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas. Esta España federal conformará una buena inserción del Estado y de sus Estados Federales en la Unión Europea, a la vez que dispondrá de recursos políticos idóneos para profundizar en el municipalismo.

PROPUESTAS:

•                    Todas las entidades e instituciones públicas han de sustentarse en cuatro principios democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa: pudiendo adoptar la forma y el tamaño que mejor se ajuste al cumplimiento de sus fines; (2) transparencia informativa: publicación periódica de toda la información producida (balances, evaluaciones, salarios…); (3) democracia institucional: con la apertura de espacios para la participación de los actores relevantes del sector o área en el que esté incardinados; y (4) control permanente: con la acción decidida de los organismos contables y de evaluación para que puedan realizar controles de gestión o evaluaciones.

•                    La consolidación del modelo federal reclama la reforma inmediata del Senado para ser la cámara parlamentaria de representación territorial. Para ello en las elecciones generales habría una única circunscripción electoral en la representación al Congreso de los Diputados, mientras que al Senado la circunscripción serían los Estados Federales.

•                    Supresión de las Diputaciones provinciales mediante transferencia de sus competencias, recursos económicos y recursos humanos hacia los Estados Federales, los Ayuntamientos y las entidades intermunicipales donde las hubiere.

•                    Incentivar la disminución del número de Ayuntamientos, mediante la agregación o concentración de varios, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de proporcionar a los ciudadanos, servicios básicos de calidad, sin que ello merme la representación y pluralismo político esencial de los municipios.

•                    Desarrollo de la autonomía municipal y mejora de su capacidad financiera.  Incentivar en el ámbito municipal, los procesos de cooperación, agregación o concentración de diversos ayuntamientos o comunidades locales, constituyendo nuevas entidades sostenibles capaces de proporcionar a su ciudadanía servicios básicos de calidad, sin que por ello se vea mermada la representación y pluralismo político esencial de los municipios.

•                    Defensa de la dignidad y trabajo de los funcionarios y empleados públicos. Impulso de medidas para la mayor presencia y eficacia de las administraciones publicas por vía electrónica.

SOBRE EL ESTADO LAICO

POSICIONES DE IZQUIERDA SOCIALISTA ANTE LA CONFERENCIA

POLÍTICA DEL PSOE.

Noviembre 2013

 

 

La concepción laica del Estado es una seña de identidad del ideario político del socialismo. Los socialistas participamos de la tradición histórica del laicismo, que es el movimiento intelectual, cultural y político que, basándose en la idea ilustrada de la autonomía moral del individuo, ha reivindicado la laicidad del Estado, es decir, la separación entre el Estado y las Iglesias, la autonomía de la política respecto a las religiones frente a los intentos de las Iglesias de poner la política a su servicio, y la tolerancia, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, frente a los intentos del clero de controlar la conciencia de las personas.

La laicidad del Estado, por tanto, reclama la definición del papel de la religión en la sociedad civil desde la neutralidad del Estado y la defensa de la libertad de conciencia. La secularización, la nueva diversidad cultural y religiosa y la normalización democrática de la cuestión religiosa reclaman un nuevo paradigma de interpretación. La confrontación clericales-anticlericales es de otra época que nada tiene que ver con la nueva sociedad. Perseguimos la igualdad y la convivencia en libertad: “Convicciones diversas, Ciudadanos iguales”. Frente a quienes responden a los nuevos desafíos con menos democracia o menos derechos, creemos que la mejor alternativa es más y mejor ciudadanía, más y mejor democracia, más y mejor laicidad. Una ciudadanía con igualdad de derechos, sin lugar para la discriminación por razón de convicciones o creencias; una democracia que garantice la diversidad de identidades, generadora de valores compartidos y cohesión social; una laicidad inclusiva, como garantía de convivencia en igualdad y en libertad.

Para los socialistas las decisiones de conciencia son asunto de libertad individual. Pero el hecho religioso es asunto público, con dimensiones sociales y políticas. La religión es un asunto digno de respeto político.

Los socialistas contamos con el apoyo de múltiples ciudadanos, religiosos y no religiosos, como atestiguan repetidamente las encuestas: 53,3% católico no practicante, 20,65% católico practicante, 15,65% no creyente, 8,35% indiferente, 1,4% otras religiones (CIS 2.752, 2008). Para la mayoría de los ciudadanos, las convicciones, sean éticas, filosóficas o religiosas, constituyen motivo de apoyo a nuestras propuestas políticas, también de exigencia de rendición de cuentas. Con todos ellos hemos sido partido de mayoría de gobierno, y con todos ellos queremos tender puentes, tejer redes y forjar propuestas para un gobierno con alternativas frente a la derecha. En el trabajo por la cohesión social y el empleo, la defensa del Estado de Bienestar, la regeneración ética y democrática de la política, con el tercer sector, el campo de colaboración de los socialistas con las personas y los grupos religiosos y no religiosos es muy amplio. No así en el uso de la legitimación religiosa para nuevos extremismos ni para la pervivencia de la dominación del hombre sobre la mujer. Quienes en las religiones luchan por la igualdad de género, por el respeto a una convivencia en libertad y el reconocimiento de derechos para todos, especialmente para las minorías, cuentan con el PSOE como el mejor aliado.

La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado. El respeto a los derechos fundamentales demanda una democracia consecuente con el principio de laicidad. Los derechos de cada cual han de verse garantizados por igual sean cuales sean sus creencias y prácticas en materia de religión y de conciencia.

La laicidad, por razones de dignidad, de libertad y de igualdad, es una de las características que no deben faltar en un Estado social y democrático de derecho, al cual es exigible la independencia e imparcialidad de gobiernos y administraciones públicas en su trato con las diferentes comunidades religiosas y sus miembros. Es así como debe plasmarse la neutralidad del Estado en relación a las religiones, llevando a término lo que va implícito en la aconfesionalidad del mismo. Laicidad y pluralismo van juntos y el respeto de ambos forma parte de lo que entraña una democracia constitucional”.

Un planteamiento coherente en cuanto a laicidad conlleva establecer un “Estatuto de laicidad” que clarifique criterios, normas y pautas de actuación de las instituciones políticas y de los cargos públicos en el desempeño de sus funciones, en relación a símbolos en espacios públicos, a cómo proceder en actos políticos, a cómo actuar en lo que tiene que ver con las confesiones religiosas y sus actividades y presencia social, para que en todo caso la independencia e imparcialidad de las administraciones y poderes públicos no se vea menoscabada.

Desde el máximo respeto a todas las confesiones religiosas, el Estado está obligado a garantizar que ninguna comunidad religiosa tenga un trato privilegiado y/o preferente desde los poderes públicos. En consonancia con lo anterior y para avanzar hacia la consolidación plena de un Estado laico, el PSOE se propone denunciar los actuales Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1978. Las relaciones de cooperación con la Iglesia católica no tienen que implicar privilegios respecto a otras confesiones religiosas y, por tanto, exigen un tratamiento que en cuestiones de derechos ha de ser igualitario en relación a todas las instituciones religiosas. Asimismo, es obligado reformar el Artículo 16 de la Constitución para evitar cualquier referencia expresa a una confesión determinada, recogiendo el derecho inalienable de todo ser humano a tener creencias y convicciones que estime convenientes.

En materia de ayuda a la actividad religiosa, optamos por fórmulas de colaboración del Estado basadas en la autofinanciación y consiguientemente en la contribución activa y voluntaria de los ciudadanos religiosos. Nuestra propuesta, desde la aceptación de la colaboración económica del Estado con las entidades religiosas, se dirige a fórmulas como la cuota religiosa complementaria y/o el incentivo fiscal de las donaciones con medidas de deducción fiscal para los donantes. Este incentivo fiscal a las donaciones resultaría aplicable, en aras de la igualdad religiosa, a todas las confesiones inscritas en el Registro de Entidades religiosas.

Salvo en casos excepcionales que determinara la CE del ámbito correspondiente, ningún cargo institucional u orgánico del PSOE ya sea a nivel estatal, autonómico, provincial o local, asistirá en representación del partido, a ningún acto religioso, sea este de la religión que fuere.

Desde el PSOE nos hacemos cargo de lo que supone una idea de laicidad más elaborada cual es la de “laicidad positiva”, entendiendo por tal la que apuesta claramente por la laicidad del Estado desde la conciencia de lo que exige el respeto a las tradiciones religiosas presentes en la sociedad, así como, por supuesto, a los individuos y grupos no adscritos a ninguna de ellas y que también insisten en la libertad de conciencia. La “laicidad positiva” se plantea como laicidad inclusiva, que justamente por respeto al pluralismo y haciendo valer un principio fuerte de igualdad y no discriminación, asume el compromiso de fomentar desde las instituciones políticas los marcos convivenciales en los que nadie se vea excluido por motivos ideológicos o de creencias.

Al asumir la dirección que señala una laicidad positiva desde el PSOE afirmamos con énfasis el carácter radicalmente democrático de la laicidad que defendemos, y que por ello mismo no se trata en ningún caso de laicismo antirreligioso, sino de laicidad respetuosa con las confesiones religiosas. Eso exige, como legítima contrapartida, que esas mismas confesiones acepten el principio de laicidad y se comprometan con el respeto a la legalidad que lo recoge.

Profundizar en la aconfesionalidad del Estado, para avanzar por razones radicalmente democráticas hacia un Estado consecuentemente laico, es lo que obliga, por el mismo respeto a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, a superar todas las situaciones en las que se siga dando por parte de los poderes públicos un trato privilegiado a alguna comunidad religiosa. En democracia no se justifica privilegio alguno.

En consonancia con lo dicho, el avance hacia la laicidad del Estado, pretendiendo su mejor consolidación democrática y su mayor valor como arquitectura institucional para la convivencia social, el PSOE plantea la denuncia y revisión de los actuales Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. Las relaciones de cooperación con la Iglesia católica, que tienen que seguir dándose, han de producirse sin privilegios antidemocráticos y en consonancia lo que exige un tratamiento que en cuestiones de derechos ha de ser igualitario en relación a todas las confesiones religiosas.

La laicidad del Estado también ha de promoverse de manera activa a través de una reforma de la Ley orgánica de libertad religiosa que, tras más de treinta años de vigencia de la actual, es absolutamente necesaria, para acomodarla a las exigencias democráticas de la sociedad española de hoy y para responder adecuadamente a la necesidad de una regulación de la libertad religiosa y de conciencia más acorde con el legítimo pluralismo que en ella se da. Igualmente hay que proceder a un  desarrollo amplio del derecho a una “ciudadanía laica”.

El Estado y  la financiación de los grupos religiosos.

Desde el respeto a los ciudadanos y sus creencias religiosas y desde un Estado laico se ha de reclamar de forma permanente esta “neutralidad” entre Estado y Religión. No  más privilegios  económicos a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas, que conllevan transferir recursos de todos los ciudadanos (impuestos) en beneficio, principalmente, de la Iglesia Católica.

El ciudadano entenderá que no existan casillas para poner cruces en el IRPF para ninguna opción religiosa; que los profesores de religión los paguen la Iglesias cuya enseñanza debería practicarse en los lugares religiosos; o que la financiación con fondos públicos de colegios concertados no pueda ir en detrimento de los recursos para colegios públicos. Por otra parte, somos conscientes de que la Obra Social de la Iglesia es necesaria y, por tanto, acompañar su financiación pública con un adecuado seguimiento y control de sus proyectos y programas; ejemplo: Caritas, Mensajeros de la Paz etc. como ocurre con otras ONG o instituciones favorezcan la integración y actúen contra la pobreza y la exclusión social...

De esta forma, entendemos que el IBI y otros impuestos, han de ser puntualmente pagados por la Iglesia (o Iglesias), como cualquier ciudadano contribuyente sin que ello suponga ir contra la libertad de culto o las opciones personales ante determinadas creencias.

La Escuela pública laica.

     1-La laicidad, cuyo instrumento histórico de realización ha sido el laicismo, un movimiento ideológico de carácter trasversal surgido de la Secularización, la Ilustración y de las grandes corrientes de pensamiento filosóficas ,políticas y morales, liberales y socialistas ,intelectuales y democráticas de los siglos XIX y XX, ha aportado a nuestra civilización conquistas que hoy son irrenunciables: el reconocimiento de la autonomía moral de todos los seres humanos y de su autogobierno personal y, correlativamente, de la autonomía de la sociedad civil y su autogobierno, fundamentado en el principio democrático de la voluntad general y de la ley civil como expresión de la soberanía popular y legislativa. La laicidad  igualmente ha contribuido a la existencia del pluralismo ético, religioso, ideológico y  político y las correspondientes expresiones que conforme a su conciencia libre asuman los ciudadanos.

      2-La laicidad es la matriz de la democracia moderna y del Estado constitucional. Una democracia y un Estado medularmente laicos,  expresados políticamente mediante el Estado Democrático de Derecho, que en su centro  sitúa la construcción del concepto y estatuto de ciudadanía civil, política y social, como un conjunto de garantías ,derechos y obligaciones que permite el desarrollo de una sociedad plural compuesta de ciudadanos, regida por la reglas básicas de la separación y no confusión entre poderes religiosos y políticos y de la neutralidad de los poderes públicos ante las convicciones religiosas, morales e ideológicas de todas las personas, a cuya libertad de conciencia y sus expresiones ha de garantizarse un tratamiento igual.

    3- La laicidad del Estado laico no está vacía de valores. Al contrario, está dotado de un sustrato moral que nutre sus instituciones y sus leyes, que se manifiesta como una propuesta de valores y principios fundamentales de carácter constitucional, de una ética pública común que puede ser compartida por todos, respetuosa con los valores y convicciones particulares de cada cual. Una ética cuyos principios se configuran como mandatos vinculantes en los valores superiores de nuestra vigente Constitución de 1978 y en la Declaración Universal de Derechos humanos.

      4-Si el Estado es laico, como tiene declarado nuestro Tribunal Constitucional, y la laicidad es uno de los principios que integran nuestra Constitución, las instituciones, servicios, servidores públicos y centros, incluidos los centros educativos públicos, sus normas estatutarias y sus planes educativos y de estudio deben respetar y realizar las reglas de la laicidad .La escuela pública y laica, en consecuencia ,ha de caracterizarse por la plasmación en su dimensión institucional ,estructura orgánica, proyectos educativos y acción docente de los principios y valores que inspiran el Estado laico al que pertenece. Porque la Escuela Pública y Laica no es un mero instrumento burocrático de gestión, ni pertenece a un grupo o sector parcial de la sociedad. Es una institución pública, abierta a la pluralidad social, que debe reflejar en su organización, pedagogía y actividades el ideario de la laicidad constitucional del siguiente modo:

       4.1-La escuela pública y laica es fundamentalmente un servicio público escolar del Estado, abierto a todos sin discriminación de ningún género, cuya finalidad es  garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual el ejercicio de su derecho a la educación. Debe ser una institución escolar con capacidad integradora de todo tipo de alumnos, sin trato alguno desigual por razón ideológica, confesional, de sexo, raza o clase social; con capacidad compensadora de las desigualdades o carencias de partida de sus alumnos, y dotada para promover una educación intercultural, adecuada al desafío que origina la pluralidad cultural de la globalización que nos afecta.

      4.2-La escuela laica se caracteriza fundamentalmente porque garantiza el respeto a la libertad de conciencia igual de todos sus alumnos y de restantes miembros de la comunidad escolar .No permite ninguna intromisión en los espacios reservados a la autodeterminación de la conciencia individual y contribuye a fortalecer su formación moral como ciudadano.

     4.3-La escuela laica es neutral y respetuosa respecto a las convicciones religiosas o morales particulares de sus escolares, familias y profesores. Todo proselitismo religioso o ideológico está excluido en su seno. El pensamiento confesional conservador rechaza no obstante la escuela pública, pluralista y laica. Sin embargo ya una sentencia de nuestro Tribual Constitucional, fechada nada menos que el 13 de febrero de 1981, sancionó la regla de neutralidad que deben aplicar las escuelas públicas, del siguiente modo; “En un sistema jurídico basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y de la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y especialmente los centros docentes han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales”. Neutralidad que ha de ser “una característica necesaria de cada unos de los puestos docentes integrados en el centro, y no el hipotético resultado de la casual coincidencia en los mismos centros y ante los mismos alumnos de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas se neutralicen recíprocamente.

     4.4-En consecuencia también, la escuela laica debe estar libre en sus instalaciones de la utilización de símbolos religiosos que impliquen signo de vinculación confesional o su adscripción a algún credo religioso. Del mismo modo, todos los integrantes de la comunidad escolar en el desarrollo de sus actividades educativas deberán abstenerse de realizar acciones de proselitismo, incluido el que pueda practicarse mediante la ostentación notoria de símbolos, objetos o indumentarias de carácter netamente religioso o partidista.

     4.5-En la escuela laica existe una neta separación entre la enseñanza confesional religiosa y la actividad educativa y académica que a ella le corresponde realizar .La enseñanza religiosa confesional no es misión propia de la escuela pública y laica y, por tanto, debe quedar fuera del currículo y del horario lectivo escolar.

    4.6-La libertad de cátedra es un derecho y una responsabilidad de la función pública docente, del  profesorado de la escuela pública. supone educar de acuerdo con la filosofía de la laicidad: enseñar con criterio objetivo y científico, practicar y educar en los valores de la ética  pública común compartida, respetar a la conciencia del alumno y  la pluralidad de sus expresiones posibles, y excluir de todo adoctrinamiento partidario religioso, moral o político.

    4.7-La escuela laica es escuela mixta y coeducadora, en la que no se admite ningún tipo d educación diferenciada o segregadora por razones de sexo, pero tampoco por motivos raciales, culturales, de nacionalidad, ideología o confesionalidad religiosa o política. Escuela laica prepara y educa para la igualdad de derechos y oportunidades de todo tipo entre las mujeres y los hombres.

     4.8-La escuela laica se fundamenta en valores y principios, pues tiene una inequívoca vocación moral enraizada en los valores que configuran “el sustrato moral de nuestra Constitución”, norma suprema que vincula a todos los ciudadanos y a todas las instituciones del Estado. Se trata de valores ético cívicos aceptados por todos y que permiten la ordenación y  la existencia de ámbitos de convivencia pacífica y constructiva en sociedades abiertas, inclusivas,  caracterizadas por la pluralidad de códigos morales, religiosos, culturales e ideológicos. La escuela laica asume su acción educadora impulsando la proyección del “mínimo común ético consagrado por el derecho”, según la terminología del Tribunal Constitucional, y más concretamente del “ideario educativo constitucional”, como definiera uno de sus más ilustres presidentes, Don Francisco Tomás y Valiente.

      4.9-La escuela laica es aquella que promueve la educación en y para el pluralismo; educa para  el respeto, la vivencia y la práctica de la diversidad .La escuela laica es la escuela del pluralismo, pues se fundamenta en el principio de tolerancia activa y ofrece una formación en valores ético cívicos imprescindibles para el buen funcionamiento de la democracia y de las sociedades abierta que aceptan la pluralidad. El pluralismo es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Su existencia permite ordenar la convivencia social a partir del reconocimiento y aceptación de la diversidad, promover la paz social y facilitar el desarrollo del sistema democrático .La acción de la escuela laica es fundamental sobre la educación de los alumnos para el ejercicio del pluralismo en sus diversas acepciones  ,informándoles sobre la diversidad de concepciones y orientaciones morales, culturales e ideológicas que constituyen la realidad social , formándoles para que sepan respetar las  opiniones y creencias distintas a las suyas y valorarlas con sentido crítico y reflexivo para hacer una elección responsable.

    4.10-Para concretar y desarrollar las bases anteriores deberá establecerse legalmente un Estatuto de la Escuela Laica, vinculante para todas las escuelas públicas dependientes o creadas por todos los poderes públicos del Estado.   

UNA LEY QUE SEGREGA LA EDUCACIÓN

UNA LEY QUE SEGREGA LA EDUCACIÓN

Nuño Jiménez, miembro de Izquierda Socialista-PSOE/Castellón

La ley estrella del PP, ha devenido en soledad parlamentaria, pero también el Consejo de Estado le ha dado la espalda a la eliminación de la asignatura de educación para la ciudadanía, como así recomienda el Consejo de Europa, al igual de la incorporación de una 3ª hora de Educación Física a la que esta ley hace caso omiso, incluso va más allá al eliminar de facto la Educación Física de los planes de 2º de bachillerato.

Esta ley, sancionada dos días antes de la celebración de la fiesta nacional, es quizá, la ley más antipatriota que haya podido existir, por no apoyarla ningún partido más que el que gobierna, por ir contra el ámbito competencial del Estado de las autonomías, no dejándolas proponer contenidos ni continuar con la inmersión en su lengua autóctona, por ir contra el espíritu democrático, en especial respecto a las direcciones de los centros, y por ir contra los tiempos que corren, en un momento en que los seminarios se vacían por una laicidad que consagra la constitución, mientras la nueva ley incorpora la religión como asignatura equiparada a matemáticas para la media final que da acceso a la carrera escogida o a una beca, con un marcado sesgo ideológico propio de tiempos pretéritos, mezclando lo moral con lo estrictamente académico.

 La segregación que instaura esta ley es multilateral, al discriminar por sexo y religión  en los centros que así lo establezcan al poder ser subvencionados por el Estado, algo que no consagra ni la constitución, ni las sentencias judiciales. Segregación, así mismo, al no ofrecer igualdad de oportunidades con unas reválidas que clasifican en 3 ocasiones a lo largo de la educación obligatoria, no detectando errores más que para hacer abandonar de los estudios a quienes se desvíen o no tengan oportunidades alternativas para costearse los estudios, especialmente en 3º de ESO, sin posibilidad de obtener el Graduado de ESO. Con ello, se desvía prematuramente a gran parte del alumnado a una FP que se la denigra e infravalora sin los recursos que tanto necesita. Hoy día, finalizando 4º de ESO, gran parte no obtiene plaza en FP y al menos ahora disponían de la oportunidad de seguir formándose en centros de secundaria, algo que no ocurrirá a partir de ahora en esa edad crítica que son los 16 años, lo que les empuja forzosamente a un mercado laboral esclerotizado y desregulado salvajemente por la última Reforma Laboral.

 La segregación es también económica, se traduce en una reducción de 3.000 a 2.000 millones destinados a educación anualmente desde la llegada de Wert, con una financiación para la nueva ley de 1.300 millones que pretende sustituir a otra dotada con más de 5.300 millones, estando muerta antes de nacer. Si a ello se le añade que CCAA como Andalucía, Cataluña, País Vasco o Canarias retardarán o recurrirán su aplicación en lo posible, y que la mayoría de la oposición se compromete a derogarla a la menor oportunidad, tira por tierra cualquier atisbo de un sistema educativo estable y duradero en décadas, como cualquiera que se precie en democracia.

 Se recordará a esta ley de educación, como aquella que no potenció las enseñanzas del futuro, como las ciencias de la información, ni hizo pensar al eliminar la filosofía y la historia, o desecha las enseñanzas artísticas. La que no incorporó la necesaria educación del consumidor y financiera, dotando de formación en derechos frente a los fraudes comerciales y financieros, en un país en donde estos proliferan. O la que obvia una verdadera educación del ocio orientada a crear hábitos de vida saludable, que suponga un ahorro sanitario y una mejora del bienestar social, lo que redunda en mayor productividad pero también uso saludable del tiempo libre frente al abismal desempleo rampante.

 Por último, el aumento en becas anunciado por Wert, choca frontalmente con las restricciones que él mismo establece para su acceso, lo que provoca realmente que o bien unos pocos reciban mayor cantidad en detrimento de la mayoría o que se enjuague, en realidad, con el aumento de las tasas, por lo que no supondrá más que una puerta giratoria que retorna esos recursos al propio estado y no permite una verdadera igualdad de oportunidades para todos y todas, como se consagra en esta ley fallida de partida en cada punto y cada coma.

Castellón, 19 octubre 2013